09/09/13

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Procuraduría General Cierra Agencia de Consultoría de Inmigración No Autorizada en Austin

AUSTIN – La Procuraduría General de Texas aseguró un acuerdo judicial y una orden judicial permanente en contra de Cristo Vive, una agencia sin fines de lucro con base en Austin, por proporcionar servicios legales no autorizados en el área del Condado de Travis.

En agosto de 2012, el Estado entabló una acción legal en contra de los demandados por violar la Ley de Texas Contra Prácticas Empresariales Engañosas y la Ley de Notary Public al declarar ilícitamente que ellos estaban legalmente autorizados para procesar casos de inmigración ante las autoridades federales. La Corte del Distrito Judicial 53 en el Condado Travis ordenó a los demandados disolver Cristo Vive y pagar una indemnización a los clientes de Cristo Vive afectados. Durante el proceso de investigación, autoridades estatales descubrieron que los demandados no eran abogados acreditados ni tampoco estaban acreditados para ofrecer servicios legales de inmigración.

 

Enlaces para los Medios de Comunicación

Jorge Sanchez Gutierrez
(Foto de declaración ante el Estado)

Maria Eugenia Rodarte
(Foto de declaración ante el Estado)

Leslie Bernard "Bernie" Boudreaux Jr.
(Foto de declaración ante el Estado)

Cristo Vive, Christian Social Services, Inc.
Dictamen contra Cristo Vive, et al.


Bajo ley federal, solamente abogados con licencia y organizaciones acreditadas por la Junta de Apelaciones de Inmigración del Departamento de Justicia de Estados Unidos pueden ofrecer consultoría de servicios de inmigración. La ley de Texas autoriza a los notaries public a ser testigos al firmar documentos legales, pero específicamente les prohíbe proporcionar servicios de inmigración al menos que tengan una licencia para ejercer derecho.

El juicio final firmado y presentado el 30 de agosto clausura permanentemente a Cristo Vive y prohíbe a su director, Jorge Sánchez; su tesorera, María Eugenia Sánchez Rodarte; y su presidente, Leslie Bernard "Bernie" Boudreaux Jr. de hacer publicidad, de realizar o aceptar dinero para los servicios de asesoría de inmigración.

Además, los demandados tendrán que pagar 300,000 dólares en sanciones civiles y hasta 250,000 dólares en restitución a los clientes afectados. La Procuraduría General notificará a los clientes de Cristo Vive afectados con instrucciones de cómo presentar una queja para obtener una indemnización por medio de un administrador independiente.

La orden judicial permanente que pesa sobre los demandados impone restricciones adicionales, incluyendo:
• Prohíbe a los demandados solicitar, hacer propaganda o proveer servicios de inmigración;
• Prohíbe a cualquiera de los demandados actuar como voluntario en la administración de dinero en cualquier organización caritativa sin fines de lucro; y
• Requiere que el demandado Sanchez entregue su comisión de notary public y su sello a la Secretaria del Estado de Texas.

 

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