AUSTIN –El Procurador General Ken Paxton publicó hoy la siguiente declaración después de que un tribunal federal de distrito de tres jueces en San Antonio rechazó un intento de requerir al estado de Texas obtener permiso previo del Departamento federal de Justicia o los tribunales antes de que nuevas leyes de redistribución de distritos tomen efecto:

"Este fallo es una victoria para nuestra Constitución y el derecho de los texanos a gobernarse a sí mismos", dijo el Procurador General Paxton. "La petición de los demandantes de una orden restrictiva se basaba en planes que fueron aprobados por la Legislatura en el 2011, y que nunca fueron utilizados en elección estatal alguna y que fueron derogados hace más de seis años. Estamos agradecidos de que esta decisión del tribunal pone fin a desafío legal sin fundamento. "

En un fallo emitido en el 2018, la Corte Suprema no encontró pruebas de que Texas hubiera dibujado mapas de distribución de distritos, que fueron utilizados durante los últimos tres ciclos de electorales, con la intención de discriminar a los votantes de minorías. El único error de la Legislatura, determinó la corte, fue haber sido ser "demasiado diligente" en cambiar un distrito de representación en la Cámara para el Condado Tarrant "a petición de grupos minoritarios" para incrementar la fuerza del voto hispano.

En mayo pasado, un equipo legal de la oficina del Procurador General Paxton dijo al tribunal de tres jueces que la decisión de la Corte Suprema debería significar que Texas no tiene que obtener permiso previo en futuros esfuerzos de redistribución de distritos en sus mapas. Los demandantes en el caso solicitaron al tribunal requerir al estado de Texas que obtenga permiso antes de implementar futuras legislaciones de redistribución de distritos.

La solicitud de los demandantes a una orden restrictiva está fundada sobre planes que fueron adoptados en 2011, pero formalmente eliminados y reemplazados en 2013, cuando la Legislatura aprobó en gran parte planes implementados por el tribunal de distrito. En su fallo de 2018, la Corte Suprema confirmó que la Legislatura corrigió en 2013 cualquier defecto que se alegaba existía en los planes del 2011.

Ver decisión de la corte de distrito aquí