El Procurador General de Texas Ken Paxton se unió a una carta dirigida por Carolina del Sur enviada a los líderes del Congreso en la Cámara de Representantes y el Senado, instándolos a aprobar una legislación que daría a los estados herramientas adicionales para limitar el uso de teléfonos celulares de contrabando por parte de los reclusos criminales.
El uso de teléfonos celulares de contrabando por parte de los reclusos presenta un grave problema en las cárceles de todo Estados Unidos. Existe evidencia clara de que este tipo de teléfonos celulares han sido utilizados por los reclusos para participar y coordinar actividades delictivas como asesinatos, tráfico de drogas e innumerables otros crímenes violentos. A pesar de los esfuerzos de los estados para tomar medidas enérgicas contra el contrabando de teléfonos celulares, su capacidad para evitar que los cárteles mexicanos, las pandillas y los reclusos maliciosos utilicen dispositivos inalámbricos ha sido limitada.
Para abordar este problema, el Procurador General Paxton está pidiendo al Congreso que apruebe una legislación que autorice a los estados para implementar un sistema de interferencia de teléfonos celulares en las cárceles, lo que ayudaría a prevenir la organización criminal y proteger mejor a las fuerzas del orden y al pueblo estadounidense.
Aunque anteriormente se han presentado proyectos de ley para otorgar a los estados la autoridad para bloquear los teléfonos celulares de contrabando, se ha avanzado poco.
La carta dice: "Instamos encarecidamente al Congreso a aprobar una legislación significativa, a través de este proyecto de ley u otro, para permitir que los estados bloqueen los teléfonos celulares de contrabando, y rápidamente. En este momento, estos teléfonos celulares todavía se están utilizando, sin forma de bloquearlos, y representan una amenaza activa para la seguridad pública".
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