El Procurador General de Texas Ken Paxton presentó un escrito en la Corte Suprema de los Estados Unidos para evitar que la Administración Biden permita que miles de extranjeros criminales deportables caminen libremente en comunidades de todo Estados Unidos.
La demanda inicial, liderada por los estados de Texas y Louisiana, se presentó después de que el Departamento de Seguridad Nacional (Department of Homeland Security, DHS) de Biden emitiera "Pautas para la aplicación de la Ley de Inmigración Civil" (Memorando Final), que declaró su intención de ignorar la ley federal que requiere que los funcionarios detengan a varios extranjeros criminales y extranjeros con órdenes finales de expulsión.
El Congreso había requerido inicialmente que estas categorías de extranjeros criminales peligrosos fueran detenidos "en contexto del fracaso total por parte del INS, la organización predecesora del DHS, para hacer frente a las crecientes tasas de actividad criminal por parte de extranjeros". Un tribunal federal de distrito falló previamente a favor de los Estados y encontró que el Memorando Final de la Administración Biden violaba la ley, era arbitrario y caprichoso, y procesalmente inválido.
"Es difícil imaginar una política más peligrosa y radical que la decisión de la Administración Biden de permitir que los criminales violentos anden libremente por nuestras comunidades", dijo el Procurador General Paxton. "Con el fin de proteger a las comunidades de Texas y defender el estado de derecho, insto a la Corte Suprema de los Estados Unidos a que confirme la sentencia del tribunal de distrito y exija al DHS que detenga a los extranjeros ilegales criminales".
El escrito destaca el fallo anterior del tribunal de distrito sobre la ilegalidad del Memorando Final de la Administración Biden: "El Congreso ha ordenado que el Ejecutivo detenga a extranjeros criminales específicos. . . . Cuando el Congreso requiere que el Ejecutivo actúe, el Ejecutivo carece de la autoridad para ignorar esa instrucción. Este Tribunal debe confirmar la sentencia del tribunal de distrito de que el Memorando Final perjudica a los Estados, es sustantiva y procesalmente ilegal, y debe ser anulado".
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Los argumentos orales ante la Corte Suprema están programados para fines de noviembre de 2022.