El Procurador General de Texas Ken Paxton presentó un escrito amicus para defender los derechos de propiedad de los estadounidenses. En un escrito dirigido por Utah presentado ante la Corte Suprema de los Estados Unidos, Paxton destacó que la Cláusula de Toma de Posesión de la Quinta Enmienda garantiza que el gobierno proporcionará una "compensación justa" cuando tome posesión de propiedad privada para uso público. Lo que está en juego en el caso es el hecho de que ciertos estados no han estado protegiendo los derechos de propiedad de los ciudadanos a este respecto.
Si las personas no pagan sus impuestos a la propiedad en un período de tiempo determinado, el gobierno puede ejecutar la hipoteca de una propiedad. Para luego recuperar los impuestos a la propiedad no pagados, el gobierno puede vender la propiedad. A veces, incluso en este caso, los ingresos de la venta de la propiedad son mucho mayores que el monto del impuesto no pagado. En la mayoría de los estados, el gobierno recuperará el monto de los impuestos a la propiedad no pagados y luego devolverá los fondos excedentes de la venta al antiguo propietario de la propiedad.
Pero eso no sucedió en este caso. En cambio, el gobierno se quedó con el exceso de fondos, despojando efectivamente a la ex propietaria de la compensación que se le debía justamente bajo la Cláusula de Toma de Posesión de la Quinta Enmienda. El escrito amicus pide a la Corte Suprema de los Estados Unidos que aceptar el caso y garantice que se respeten los derechos de propiedad de todas las personas, independientemente del estado en el que residan.
El escrito de amicus dice: "Los regímenes de impuestos a la propiedad de la mayoría de los estados, incluido Utah, cumplen con la Quinta Enmienda al tomar posesión en una ejecución hipotecaria solo el monto adeudado y devolver cualquier excedente a los propietarios. Una minoría de estados, incluido Minnesota, han adoptado regímenes de impuestos a la propiedad que no brindan tales protecciones. En cambio, cuando esos estados ejecutan gravámenes fiscales a la propiedad, a menudo mantienen todo el capital restante, incluso cuando los ingresos son órdenes de magnitud mayores que el monto adeudado. Esta práctica viola la Constitución y a menudo causa resultados marcadamente injustos para los propietarios más vulnerables, incluidos los ancianos, los discapacitados y las personas de bajos ingresos".
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